Plazos de resolución y efectos del silencio administrativo

En los procedimientos de gestión tributaria y de gestión financiera, así como en los de reconocimiento de derechos económicos, el plazo máximo de resolución será de seis meses, salvo que la normativa aplicable fije un plazo distinto. Las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la propia Administración Municipal no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución.

Quedan excluidos de esta disposición los procedimientos de gestión iniciados mediante declaración o autoliquidación, así como el procedimiento de apremio, cuyas actuaciones podrán extenderse hasta el vencimiento de los plazos de prescripción.

En cualquier caso, las Ordenanzas fiscales municipales establecen los plazos máximos en que el Ayuntamiento resolverá las solicitudes presentadas, así como los efectos del silencio.